El documento parte del principio de que la nueva entidad resultante de la fusión de las tres cajas regionales «integrará sus activos, pasivos, derechos, obligaciones y personal, todo ello tratando de mantener, en la medida de lo posible, las respectivas identidades, ‘culturas’ (sic), vinculación con su territorio de origen y naturaleza de la obra social de cada una de las cajas».
Órganos de gobierno
La composición y distribución de los miembros de los órganos de gobierno de la nueva entidad se fija durante un «periodo transitorio de dos años establecido legalmente» y conforme a unos criterios. El punto más importante y polémico son los porcentajes de participación en la Asamblea, el Consejo y la Comisión de Control de la macrocaja («que han sido calculados -dice el documento- a partir de distintos ratios y dinámicos representativos de cada caja»).
De acuerdo a estos cálculos, mientras Caja España y Caja Duero se reparten cada una de ellas un 37% de la representación, Caja de Burgos se queda con el 26%.
Este reparto no impedirá que durante los dos años de periodo transitorio, el número de miembros de los órganos de gobierno «se vea duplicado».
También se establece que las reuniones de la Asamblea, Consejo y de la Comisión de Control se celebren con carácter rotatorio en León, Salamanca y Burgos, por este orden.
Sedes
Como ya ha trascendido, el documento fijaba en León la «sede legal», el domicilio social de la macrocaja. Salamanca recibiría la «sede ejecutiva», donde se ubica la Dirección General y el lugar de celebración de los Comités de Dirección.
«Se establecerá Burgos como ‘Sede Corporativa’, que comprenderá la sede financiera de la nueva entidad y de la corporación empresarial siendo, por consiguiente, el lugar donde radicarán los siguientes negocios: banca corporativa y de grandes empresas, mercado de capitales, tesorería y emisiones, y corporación empresarial», detalla el informe entregado al Consejo.
Servicios centrales
El objetivo es distribuirlos «con criterios de la máxima eficiencia desde la constitución y el inicio de la actividad de la nueva entidad, tratando de mantener en cada una de las ciudades (León, Salamanca y Burgos) los recursos suficientes para que en todas ellas permanezca una parte relevante de la gestión, sin que existan duplicidades».
En este capítulo, se añade que León mantendrá la plataforma tecnológica y los servicios operativos asociados.
Obra social
El documento habla de tres unidades de gestión repartidas entre las tres capitales: «Cada una de dichas unidades gestionará un porcentaje determinado del presupuesto de la Obra Social en cada ejercicio de la nueva entidad, calculado sobre la base del presupuesto de cada Caja haya destinado a la Obra Social durante los últimos cinco ejercicios».
Organigrama
El primer nivel directivo de la nueva caja estaría integrado por siete miembros (un director general, dos directores generales adjuntos ejecutivos y cuatro directores generales adjuntos). Caja España y Caja Duero, de acuerdo con el 37% de participación que les corresponden, se reparten al director general y un director general adjunto, por un lado; y un director general adjunto ejecutivo y dos directores generales adjuntos, por otro.
A Caja de Burgos le correspondería un director general adjunto ejecutivo, del que depende la Tesorería y Emisiones, Mercado de Capitales, Empresas Participadas y Banca Corporativa y Grandes Empresas, además de un director general adjunto.
Denominación
El documento desvela que, al menos temporalmente, las oficinas mantendrán la marca de la caja de la que proceden y se estudiará «una denominación común, que puede ser compatible con el mantenimiento de las marcas individuales de las cajas».
Mayorías
Los acuerdos y principios aquí referidos deberían haber quedado plasmados en el protocolo de fusión, el proyecto de fusión y los estatutos que deberían haber aprobado los Consejos y las Asambleas.
A este respecto, se matiza que cualquier modificación de estos acuerdos debe aprobarse dentro de los 3 años siguientes a la aprobación de la fusión por las asambleas, excepto lo que corresponde a los porcentajes de participación en el proceso, que se reduce a dos años.
Por último, para aprobar estas modificaciones se precisa una mayoría cualificada de tres quintas partes de los votos del órgano de gobierno correspondiente que haya de aprobar la modificación.
Este es el documento que nos ha trascendido, las consecuencias del mismo, nadie sabe que hubieran sido...
Que Fortuna nos libre de parasitos.....
